Dentro de la nueva normalidad se realizan inspecciones en los centros de trabajo. Esto se debe a que la necesidad controlar la pandemia; por lo que se necesita una garantía de que los centros de trabajo ponen de su parte.

La manera en la que estos pueden poner de su parte es cumpliendo todas las medidas que se deben durante esta fase de recuperación que estamos viviendo.

El Boletín Oficial del Estado del 7 de julio trae novedades al respecto. Y es que e Gobierno ha dispuesto una serie de pautas para controlar mediante inspecciones en los centros de trabajo que se cumplen las medidas de seguridad.

Para ello, el Real decreto establece que habrán funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para vigilar y requerir el cumplimiento de las normas. Llegando a imponer la sanción en cuestión en caso de infracción.

En caso de incumplimiento por parte del empleador, se considerará una infracción grave, que será sancionable. La sanción la impondrán los órganos requeridos y con el procedimiento establecido. Se hará teniendo en cuenta el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 5/2000, del 4 de agosto.

En caso de incumplimiento por parte de las administraciones públicas, se realizará un procedimiento especial previsto en el Real Decreto 707/2002, del 19 de julio. En este, se aprobó el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Sanciones por incumplimiento

El Gobierno establece que el incumplimiento de las medidas obligatorias para prevenir el Covid-19 se considerarán infracciones graves; que según la normativa actual tienen tres tipos de sanciones.

La primera puede ser una infracción de grado mínimo, la cual estará penalizada entre los 2.046 euros y los 8.195. La infracción de grado medio oscilará entre los 8.196 hasta los 20.490 euros. Y la infracción de grado máximo podría llegar desde los 20.491 hasta los 40.985 euros.